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19.12.11

ORDEN PUBLICO (PRIMERA PARTE)

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ORDEN PUBLICO ( PRIMERA PARTE)

Inspirándonos doctrinalmente en el trabajo de Lazúen Alcón, al hablar del término en su obra "Cuerpos de Policía y Seguridad Ciudadana en España", observamos que actualmente tienen coexistencia dos corrientes de pensamiento sobre su definición. La primera, denominada como metajurídica y siendo su mayor representante Otto Mayer, considera al orden público como "el buen orden de la comunidad" impuesto de una forma natural, a modo de una obligación o deber de todas las personas por el simple hecho de vivir en vecindad, pero sin que se establezca en qué consiste ese buen orden y qué conductas lo transgreden, ni se halle amparado en normas que lo regulen legalmente de una manera jurídica.

Frente a éste pensamiento, al que se le califica como habilitador de injerencias del Estado en la esfera de la libertad de los individuos, a través de la policía, se opone la corriente de la juridicidad, representada principalmente por el italiano Ranelletti y el francés M. Hauriou. El primero consideraba, ya en el año 1908, al planteamiento matajurídico como una negación de las libertades individuales, al no estar en absoluto garantizadas por lo incierto de sus límites. Mas tarde, en 1927, el segundo matiza su concepto sobre el orden público afirmando que no se trata de un orden de tipo ideológico o moral, sino sencillamente de una situación exterior, fáctica, de paz ciudadana, añadiendo que el orden público ha de ser también un orden jurídico regulado por el Derecho, no un sistema moral e ideológico dejado al capricho interpretativo de la fuerza policial para su control, tal y como lo venía a establecer la idea metajurídica. Por lo tanto, el planteamiento de la juridicidad del orden público, reclama una regulación jurídica para él y lo aleja de cualquier vinculación interior de tipo moral, situándolo en un plano exterior y en relación con una normativa legal.

Presentadas éstas dos corrientes, parece que es la segunda de ellas la mas próxima a los planteamientos democráticos de un Estado de Derecho actual, ya que, entre otras cosas, en él no tienen cabida intervenciones policiales no ajustadas a unas reglas jurídicas previamente legalizadas.

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