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20.12.11

ORDEN PUBLICO ( SEGUNDA PARTE)

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Por otra parte, dejando ya de un lado a las cuestiones doctrinales, tenemos que las referencias hechas sobre el orden público en la historia del ordenamiento jurídico español, tampoco nos aportan una claridad suficiente que pueda definirnos el concepto. Sin embargo, hay dos cosas que podemos destacar de ese ordenamiento y que son:

-En primer lugar, las dos citas que hace la actual Constitución de 1978 al orden público, no exentas de críticas, en el apartado primero del art. 16 y en el segundo del art. 21, hacen referencia a las manifiestaciones externas, entendiendo como tales a las expresiones públicas de sentimientos o de opciones políticas mediante demostraciones colectivas. En efecto, el art. 16.1 dice cuando habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto, que ésta se garantiza sin mas limitación "en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Igualmente, el art. 21.2 al tratar sobre el derecho de reunión afirma que "En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones" solo se podrán prohibir, "cuando existan razones fundadas de alteración del orden público". Ambos artículos se hallan recogidos en la sección primera del capítulo segundo, que trata de los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Todo esto nos marca una línea direccional del concepto de orden público, dirigida a relacionar éste con los actos de expresiones públicas en forma colectiva.

-En segundo lugar y aunque el Tribunal Constitucional no proporciona ninguna definición, sí obtenemos de él dos sentencias que nos ayudarán a delimitar el concepto en la misma dirección ya señalada en el párrafo anterior. Efectivamente, la sentencia del T.C. 19/1985, mantiene que "el respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución es un componente esencial del orden público". Así mismo, la sentencia del mismo Tribunal 5/1987 se posiciona diciendo que "tras la Constitución, la cláusula de orden público no puede encerrar otro interés que garantizar el orden público de las libertades". Ambas sentencias relacionan el término con las libertades públicas, de todos los ciudadanos, lo cual parece querer decir que, cuando esas libertades se ejercen colectivamente y en la vía pública, pueden chocar con las de otro colectivo distinto, situando al orden público como el mecanismo necesario para conjugar los dos intereses contrapuestos, de manera que así no se produzcan enfrentamientos violentos entre ambos grupos. Esos enfrentamientos muchas veces son calificados como disturbios, nombre que, como enseguida veremos, nos ayudará a ubicar al orden público dentro de la seguridad ciudadana.

Además de éstas dos cuestiones comentadas, repasando el ordenamiento jurídico histórico apreciamos la Pragmática de Carlos III de 17 de Abril de 1774, que es considerada en opinión de algunos autores la primera ley de orden público en la historia española. Pues bien, analizando dicha Pragmática se ve en su espíritu una clara alusión más hacia los alborotos populares violentos provocados por multitudes, que hacia las infracciones de carácter general a modo individual. Igualmente, también se observa que históricamente ha existido una gran profusión de la expresión en los diversos textos legales hasta bien entrada la nueva época democrática. Ello es algo perfectamente observable desde la primera Constitución de 1812 en su art. 170, pasando por las leyes de 1821 y su ampliación en 1870, las relativas a la represión del anarquismo de 10 de Julio de 1894 y su reforma el 2 de Septiembre de 1896 e, incluso, de más de una expresa Ley de Orden Público, la última fue la 45/1959 y que se mantuvo todavía parcialmente en vigor hasta la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana 1/1992. De entre toda esta extensa normativa quizá cabría destacar la Ley de Orden Público de 1933 aprobada por la República y la de 1959 aprobada por el régimen franquista, pues en ellas se definía el concepto de forma muy parecida en el sentido de ser el normal funcionamiento de las instituciones del Estado y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, políticos y sociales reconocidos en las leyes.

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