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23.12.11

SEGURIDAD CIUDADANA!

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Seguridad ciudadana 

De todas las definiciones doctrinales que se hacen de la seguridad ciudadana, la que parece expresar con mas claridad su significado es la de Alonso Pérez en su libro "Seguridad Ciudadana". Este autor establece un doble concepto de ella, dividiéndolo en un sentido amplio y en otro estricto. En el primero la entiende como un estado de cosas creado en la sociedad, en el cual cualquier clase de peligro para el ciudadano no existe. El segundo lo considera como el conjunto de medios humanos y materiales, que los diferentes cuerpos policiales emplean para que los ciudadanos disfruten de sus derechos y libertades en paz y tranquilidad, conviviendo armónicamente entre todos los individuos.

Ampliando un poco las dos definiciones, podemos ver que en la primera caben toda clase de peligros, esto es, los causados por las propias personas y los que obedecen a causas naturales o catastróficas. Esto pondría a la seguridad ciudadana en una órbita en parte extrapolicial, al incluir también a otras instituciones de las áreas de protección civil. En el segundo concepto, el estricto, los peligros a los que se refiere son solo los provocados por las personas, mediante conductas contrarias a la ley y tipificadas previamente como delictivas, entrando así de lleno en una materia considerada estrictamente policial.

Llegados a éste punto, la pregunta es cuál de los dos planteamientos de Alonso Pérez define mejor el concepto y porqué. Para dar una respuesta fundamentada y no basada solo en impresiones personales y subjetivas, tendremos que acudir, como en el caso del orden público, al ordenamiento jurídico en los textos legales.

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La única mención que la Constitución de 1978 hace sobre la seguridad ciudadana, la encontramos en el párrafo primero del art. 104, al señalar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana". Esta referencia al término que hace la Carta Magna, parece circunscribirlo exclusivamente en el ámbito de la policía al ser él mismo parte de su misión encomendada.

Con respecto a la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/1986, en su art. 11.1 que habla sobre las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, vuelve a repetir lo mismo que lo indicado en el art. 104.1 de la Constitución, ratificándolo en el apartado e) al manifestar "Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana". Por lo tanto, se aprecia cómo este texto enmarca igualmente a la seguridad ciudadana en la esfera policial.

Lo mismo sucede con la Ley de Policía del País Vasco 4/1992, en su art. 26.1 relativo a las funciones de dicha policía, tal y como ya se ha explicado al hablar sobre la locución orden público. Además, la circunstancia, claramente intencionada, de haber sustituido en esa ley el término que se recogía en el Estatuto de Autonomía, imprime en éste el idéntico sentido que le damos a aquella.

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En la misma línea argumental tenemos a la Ley de Seguridad Ciudadana 1/1992, la cual basa casi todo su cumplimiento mediante la utilización de los diversos cuerpos de policía de seguridad españoles, aunque reserva algunas funciones a otros órganos de la Administración distintos de aquellos, pero en las que también participa la policía de algún modo. Sin embargo, ésta ley no define en ningún momento a la seguridad ciudadana, cosa que por su propio título cabría esperar, ni entra a diferenciar los tres conceptos en cuestión, por lo que tan solo nos aporta una referencia mas a tener en cuenta con las restantes que hemos ido viendo hasta ahora.

Por consiguiente, tras el estudio de las normas legales expuestas, no nos equivocamos al afirmar que de los dos conceptos de seguridad ciudadana aportados por el pensamiento de Alonso Pérez, es hacia el segundo de los expuestos, el que denomina como estricto, a donde parecen llevarnos las alusiones que sobre la expresión hacen los citados textos. Ello no es óbice, en absoluto, para que el término pueda ser utilizado en el sentido amplio, o bien sea empleado como sinónimo de seguridad pública, puesto que, como ya se ha repetido aquí en varias ocasiones, no hay una definición clara y precisa sobre los tres.

No obstante y como también se ha anunciado al comienzo de éste artículo, a algunos nos parece mas correcto asociarlo de la manera en la que se ha explicado, cuestión que se ve reforzada por el hecho de que en la Ley 2/1985 de Protección Civil y que regula esa actividad en todo el territorio español, se habla en repetidas veces de la seguridad, pero no se hace mención alguna al término de seguridad ciudadana, el cual parece quedar relegado solo para las normativas de ámbito policial.

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