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29.2.12

PATRULLEROS.COM ( 2002-2012)

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Dedicamos el post de hoy, a la web de PATRULLEROS.COM, que  cumple su décimo aniversario en la red.
Desde estas lineas, las personas que realizamos este blog de INSIGNIA ONLINE, queremos felicitarles sinceramente y mostrarles todo nuestro reconocimiento y afecto por el gran trabajo que han realizado durante todos estos años.
Patrulleros.com es un ejemplo de trabajo, seriedad, honestidad y esfuerzo y pionero en los espacios de habla hispana dedicada a la profesion policial en internet.



28.2.12

SANIDAD ALIMENTARIA


SANIDAD ALIMENTARIA 

INSIGNIA SANIDAD
Seguridad alimentaria: La preocupación de la Administración sobre la sanidad alimentaria es muy antigua. Los primeros antecedentes históricos en los que se puede observar una intervención administrativa sobre la inspección de alimentos, se encuentran en la época romana con la figura del "inspectorum ciborum". Este era una especie de inspector de abastos que recorría los mercados, controlando el estado sanitario de los alimentos y, a su vez, se ocupaba de la represión del fraude en la composición de los mismos llegando, incluso, a sancionar a los infractores.

En España se tiene constancia de la existencia de inspectores de abastos en los Fueros de Cuenca del siglo XII y, un siglo después, en la localidad de Brihuega de la provincia de Guadalajara.

La primera ley sobre la sanidad aparece ya en la época mo-derna, en 1855, con la Ley de Sanidad aprobada durante el reinado de Isabel II. En ella se regulaba la actividad propia de la salud pública y el control de alimentos. La siguientes normas importantes se crearon en 1944, con la Ley de Bases de Sanidad Nacional y, en 1967 con el Decreto 2484/67 del 17 de Octubre del Código Alimentario, éste último sucesivamente modificado y ampliado con el paso de los años, que recibió un fuerte impulso en 1988. En el año 1986 entra en vigor la Ley General de Sanidad 25/86 de Abril, de la que cabe destacar su interés por promover la higiene y la investigación alimentaria para la prevención general de riesgos. Es básicamente una ley preventiva que ofrece bastante juego a los distintos órganos inspectores de sanidad alimentaria y que, al día de hoy, aún sigue vigente. Por último y para cumplir con la legislación de la Comunidad Europea, se aprobó el Real Decreto 50/93 de 15 de Enero de Regulación Oficial de los Productos Alimenticios y, también, el Real Decreto 2207/95 de 28 de Diciembre de Normas de Higiene Relativas a Productos Alimenticios.

INSIGNIAS EMERGENCIAS MEDICAS
En relación a las Administraciones públicas que en el último medio siglo han sido competentes en la inspección de la sanidad alimentaria, hay que diferenciar dos etapas: la anterior a la Constitución de 1978 y la posterior a ella. Durante la primera el ámbito competencial del nivel primario, es decir, el de la fabricación y producción agropecuaria de los alimentos, recala principalmente en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Sanidad, ambos, como es lógico, pertenecientes a la Administración central del Estado. Se dejaba en manos de los Ayuntamientos el nivel siguiente, correspondiente con el de consumo de los productos alimenticios. A partir de 1978 y con el proceso descentralizador de la Administración, las Comunidades Autonómicas asumen paulatinamente la parte inspectora que hasta entonces era gestionada por los ministerios antes mencionados. Por su parte, los Ayuntamientos continuaron igual y sus competencias en la materia apenas sufrieron variaciones. En éste sentido y en general, se puede afirmar que históricamente ha sido responsabilidad de los Ayuntamientos la inspección y el control del fraude alimentario. No obstante, no todos tienen igual capacidad para hacer frente a tales cometidos, siendo posible el establecimiento entre ellos de algunos servicios mancomunados o que son absorbidos por una Administración superior. Representa una buena prueba de ello el País Vasco, donde solo los Ayuntamientos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, disponen de servicios propios de inspección. En el resto de la Comunidad Autonoma pertenecen al Gobierno Vasco.

Siguiendo con el proceso descentralizador antes señalado, algunas Comunidades Autónomas fueron cediendo parcelas inspectoras sobre las Diputaciones Provinciales. Toda ésta cascada de cesiones competenciales, produce un efecto multiplicador de órganos con facultades de inspección alimentaria al servicio de cada una de sus Administraciones. De éste modo tenemos inspecciones en los niveles local, autonómico y central, lo que permite afirmar que la policía administrativa del área de sanidad alimentaria se halla compuesta por una pluralidad de cuerpos.
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27.2.12

INSPECCION INDUSTRIA Y COMERCIO


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INSPECCION INDUSTRIAL Y COMERCIAL

En éste área se engloba a una extensa y heterogénea normativa, generadora de una notable actividad inspectora por parte de múltiples policías administrativas, pertenecientes a numerosas Administraciones, que la reviste de una complejidad mucho mayor que en las áreas precedentes.

Empecemos explicando el papel que en ella juegan los entes locales, sobre los cuales descansa la competencia en las concesiones de las licencias de actividad a los ciudadanos que deseen dar comienzo a una iniciativa privada, tanto de tipo empresarial como particular.

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En efecto, la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, dispone en el apartado q) del art. 21 que corresponde al Alcalde, al Pleno o a la Comisión de Gobierno de los Ayuntamientos, el otorgar las licencias de actividad comercial. Igualmente, en el art. 25 apartado d) se expresa que una de las competencias del Municipio es la "ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística".

Por su parte, el Decreto 2414/61 de 30 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, indica en su Capítulo II al hablar de la competencia en su aplicación que "independientemente de la intervención que las leyes y reglamentos conceden en ésta materia a otros organismos, será competencia de los alcaldes la concesión de licencias para el ejercicio de las actividades reguladas, la vigilancia para el mejor cumplimiento de éstas disposiciones y el ejercicio de la facultad sancionadora". Además se añade que "será competencia de los Ayuntamientos en ésta materia, la reglamentación en las Ordenanzas Municipales de cuanto se refiere a los emplazamientos de éstas actividades y a los demás requisitos exigidos que, sin contradecir lo dispuesto en éste Reglamento, lo complementen o desarrollen".

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Para llevar a la práctica el control de todo éste margen competencial normativo, los Ayuntamientos cuentan con entidades de inspección sobre obras, disciplina urbanística, actividades calificadas, ejecución, etc. Sin olvidar la ayuda que brindan los cuerpos de la policía local, en una clara desvirtuación de su función primordial como policía de seguridad, actuando como unos meros inspectores más.
Dejando ya a los entes locales, pasemos ahora a ver el papel que desempeñan la Administración autonómica y la central. En primer lugar se debe decir, que la mayoría de las Comunidades Autonómicas españolas tienen transferidas las competencias relacionadas con el área que estamos tratando. Tales competencias se centran en la seguridad y derechos del usuario y los consumidores de los artículos y productos fabricados con el ejercicio de la actividad comercial. Ello supone la barrera que diferencia el terreno competencial con la Administración local, la cual se concentra más en las cuestiones urbanísticas y vecinales que en las relacionadas con la protección de los consumidores.

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El soporte legal que sustenta la intervención de la Admi-nistración autonómica en el aspecto industrial, procede de tres importantes leyes de carácter estatal, aprobadas en la década de los años 1980-1990: la Ley de Industria, donde se regula el mantenimiento de la seguridad industrial (no confundir con la seguridad e higiene de los trabajadores); la Ley de Hidrocarburos y la Ley del Sector Eléctrico. Además de éstas leyes, hay numerosos reglamentos que amplían considerablemente el espectro normativo sobre la materia.

El soporte jurídico en el campo del comercio, se encuentra en la Ley del Comercio Minorista, norma estatal creada también en los años 80, y la Ley de Defensa de los Consumidores, a las que es preciso añadir una variada normativa turística sin rango de ley, que se remonta a los años 60 y se refiere a la clasificación de los hoteles, restaurantes, etc. También tenemos abundante legislación autonómica, aunque solo citaremos a modo de ejemplo a la Ley 7/94 de 27 de Mayo de Actividad Comercial, aprobada por el Parlamento Vasco y modificada el 5 de Enero de 2001 con motivo del aumento de las grandes superficies comerciales, así como la Ley 6/94 de 16 de Marzo, de Ordenación Turística.

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A fin de controlar el cumplimiento de las normas emanadas por las Comunidades Autónomas, éstas han creado sus propios órganos de inspección, formados por los inspectores de comercio, consumo y turismo. A estos se les deben añadir los inspectores pertenecientes a las empresas privadas, en las que se ha delegado alguna parcela de control normativo que, por particularidades técnicas o de rentabilidad, resulta más indicado que sean ejecutadas por personal especializado en funciones de inspección. A su vez, dichas empresas privadas son supervisadas por funcionarios de la Administración que concede la delegación, a fin de garantizar calidad e imparcialidad en las inspecciones que realicen.

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INSPECCION DE TRABAJO


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INSPECCION DE TRABAJO

-Area laboral: En éste área se encuentra un solo cuerpo de policía administrativa, denominado Inspección de Trabajo, sobre el cual pivota todo el control de las normas relativas a la seguridad física y jurídica de los trabajadores.

El origen de la actual Inspección de Trabajo, se halla en el un reglamento elaborado el 1 de Marzo de 1906 por el Instituto de Reformas Sociales. La Inspección de Trabajo moderna surge dos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), con sede en Ginebra y dependiente de la O.N.U. En dicho convenio se pretendía regular las inspecciones de trabajo a nivel mundial. España lo ratifica el 14 de Enero de 1960 y, como consecuencia de ello, el 21 de julio de 1962 se aprueba la Ley 39/62, de Ordenación de la Inspección de Trabajo. Más tarde se aprueba el Real Decreto 1667/86 que modifica en parte la Ley anterior y crea el Cuerpo de Controladores Laborales. Finalmente, el 14 de Noviembre de 1997 se aprueba la Ley 42/97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la cual se rige la actual normativa y que sustituye el nombre a los controladores por el de subinspectores.

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Los inspectores de trabaj otienen la consideración de autoridad y los subinspectores la de agente de la autoridad, los dos en el ejercicio de sus funciones y dentro de su ámbito competencial. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están obligados a prestarles auxilio cuando sean requeridos para ello. No ha existido ni existe entre inspectores y subinspectores una subordinación jerárquica, teniendo ambos cometidos y funciones distintas. Así, hasta la entrada en vigor de la Ley 42/97, correspondía a los primeros resolver sobre las denuncias interpuestas por los trabajadores de empresas con plantillas de más de 25 empleados, circunstancia que se modificó con la mencionada Ley eliminándose esa barrera, pero manteniéndose la diferenciación por materias. De éste modo, los subinspectores actualmente tienen una mayor dedicación en materias de cotización y Seguridad Social, mientras que los inspectores inciden en las de seguridad e higiene, así como, con exclusividad, en los arbitrios de conflictos entre empresas y trabajadores, además de la elaboración de estudios sobre la viabilidad de expedientes de regulación de empleo.

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Con respecto a las Administraciones públicas competentes como policía administrativa en el área laboral tenemos, por un lado, a la Administración central y, por otro, a las Comunidades Autónomas. Para aclarar cómo se distribuyen las competencias ambas, se debe explicar que la Inspección de Trabajo tiene cuatro vertientes distintas, las cuales son seguridad e higiene, laboral, trabajo y extranjeros.

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La seguridad e higiene tiene un significado muy claro que no precisa explicación alguna. Basta solo reseñar que su principal objetivo es el de prevenir e investigar los accidentes laborales, así como que es una competencia que tienen plenamente transferidas las Comunidades Autónomas. La vertiente laboral se refiere a las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, o a cualquier otra relación que puedan tener sus afiliados con ella. La del trabajo hace referencia a cuestiones como las relaciones con los sindicatos, derechos de los trabajadores, convenios colectivos, salarios, etc. Por último, la de extranjeros no es otra cosa que el control de los trabajadores extranjeros en España, con contrato de trabajo o sin él.

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Pues bien, de las cuatro vertientes la Administración central ha cedido las competencias en seguridad e higiene y en trabajo, reservándose para sí las otras dos. Sin embargo y a pesar de ésta cesión, la Ley no permite a las Comunidades Autónomas tener un cuerpo de inspección propio, lo que les hace depender de los inspectores y subinspectores de la Inspección de Trabajo que pertenece a la Administración central. Aquellas pueden iniciar el procedimiento administrativo, imponer la sanción final y resolver los recursos, pero la facultad operativa inspectora no pueden ejercerla independientemente ni en las competencias expresamente otorgadas. Un claro ejemplo de todo esto lo constituye el hecho de que, hoy en día, en las dependencias de la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco, existe un servicio diario de guardia de un inspector, permanentemente a disposición de dicha Consejería sobre cualquier necesidad que se presente en su turno.

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26.2.12

INSPECCION DE TRABAJO (AREA LABORAL)


INSPECCION DE TRABAJO (AREA LABORAL)

INSIGNIAS PROFESIONALES

-Area laboral: En éste área se encuentra un solo cuerpo de policía administrativa, denominado Inspección de Trabajo, sobre el cual pivota todo el control de las normas relativas a la seguridad física y jurídica de los trabajadores.

El origen de la actual Inspección de Trabajo, se halla en el un reglamento elaborado el 1 de Marzo de 1906 por el Instituto de Reformas Sociales. La Inspección de Trabajo moderna surge dos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en 1947, con el Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.), con sede en Ginebra y dependiente de la O.N.U. En dicho convenio se pretendía regular las inspecciones de trabajo a nivel mundial. España lo ratifica el 14 de Enero de 1960 y, como consecuencia de ello, el 21 de julio de 1962 se aprueba la Ley 39/62, de Ordenación de la Inspección de Trabajo. Más tarde se aprueba el Real Decreto 1667/86 que modifica en parte la Ley anterior y crea el Cuerpo de Controladores Laborales. Finalmente, el 14 de Noviembre de 1997 se aprueba la Ley 42/97, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la cual se rige la actual normativa y que sustituye el nombre a los controladores por el de subinspectores.

CAMISETAS POLICIA Y BOMBEROS


Los inspectores de trabajo tienen la consideración de autoridad y los subinspectores la de agente de la autoridad, los dos en el ejercicio de sus funciones y dentro de su ámbito competencial. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están obligados a prestarles auxilio cuando sean requeridos para ello. No ha existido ni existe entre inspectores y subinspectores una subordinación jerárquica, teniendo ambos cometidos y funciones distintas. Así, hasta la entrada en vigor de la Ley 42/97, correspondía a los primeros resolver sobre las denuncias interpuestas por los trabajadores de empresas con plantillas de más de 25 empleados, circunstancia que se modificó con la mencionada Ley eliminándose esa barrera, pero manteniéndose la diferenciación por materias. De éste modo, los subinspectores actualmente tienen una mayor dedicación en materias de cotización y Seguridad Social, mientras que los inspectores inciden en las de seguridad e higiene, así como, con exclusividad, en los arbitrios de conflictos entre empresas y trabajadores, además de la elaboración de estudios sobre la viabilidad de expedientes de regulación de empleo.

HOMBRERAS BORDADAS

Con respecto a las Administraciones públicas competentes como policía administrativa en el área laboral tenemos, por un lado, a la Administración central y, por otro, a las Comunidades Autónomas. Para aclarar cómo se distribuyen las competencias ambas, se debe explicar que la Inspección de Trabajo tiene cuatro vertientes distintas, las cuales son seguridad e higiene, laboral, trabajo y extranjeros.

La seguridad e higiene tiene un significado muy claro que no precisa explicación alguna. Basta solo reseñar que su principal objetivo es el de prevenir e investigar los accidentes laborales, así como que es una competencia que tienen plenamente transferidas las Comunidades Autónomas. La vertiente laboral se refiere a las prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social, o a cualquier otra relación que puedan tener sus afiliados con ella. La del trabajo hace referencia a cuestiones como las relaciones con los sindicatos, derechos de los trabajadores, convenios colectivos, salarios, etc. Por último, la de extranjeros no es otra cosa que el control de los trabajadores extranjeros en España, con contrato de trabajo o sin él.

CARTERAS DE IDENTIFICACION

Pues bien, de las cuatro vertientes la Administración central ha cedido las competencias en seguridad e higiene y en trabajo, reservándose para sí las otras dos. Sin embargo y a pesar de ésta cesión, la Ley no permite a las Comunidades Autónomas tener un cuerpo de inspección propio, lo que les hace depender de los inspectores y subinspectores de la Inspección de Trabajo que pertenece a la Administración central. Aquellas pueden iniciar el procedimiento administrativo, imponer la sanción final y resolver los recursos, pero la facultad operativa inspectora no pueden ejercerla independientemente ni en las competencias expresamente otorgadas. Un claro ejemplo de todo esto lo constituye el hecho de que, hoy en día, en las dependencias de la Consejería de Trabajo del Gobierno Vasco, existe un servicio diario de guardia de un inspector, permanentemente a disposición de dicha Consejería sobre cualquier necesidad que se presente en su turno.

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