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30.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL (última parte)


El aspecto formativo de los primeros guardias es encomen-dado a dos coroneles, uno de Infantería y otro de Caballería. El primero se instala en unas dependencias de Leganés y allí se imparten los conocimientos que entonces eran considerados necesarios, a los guardias procedentes del arma de Infantería. El otro se ubica en Vicálvaro y se encarga de los de Caballería. Estas dos pueden ser consideradas como las primeras academias formativas de la Guardia Civil.
A pesar de haberse creado el modelo policial encarnado por la Benemérita 21 años más tarde, en 1844, que el sistema representado por la Superintendencia General de la Policía, en 1823, el crecimiento de ambos organismos será desigual, siendo mucho mayor la velocidad de progreso en el primero que en el segundo. Ello queda patente al comprobar que en 1846 aquella contaba ya con 500 puestos y en el año 1900 con más de 2.000, sumando entonces unos 20.000 guardias. En cambio, los miembros de los cuerpos formados al amparo de la Superintendencia alcanzan el siglo XX con un número apenas por encima de los 4.000 agentes. Quizá la razón que pueda explicar tal diferencia se pueda encontrar en que, al ser la Guardia Civil un cuerpo militar y la Superintendencia un estamento civil, una vez más termine imponiéndose en la Administración pública española la primacía de lo militar sobre lo civil. De cualquier modo, el protagonismo de la Guardia Civil vuelve a ser evidente al comparar el número de detenciones practicadas por ambas instituciones durante 1859, en un estudio realizado por Martínez Ruiz en su obra "La Delincuencia Contemporánea. Introducción a la Delincuencia Isabelina" y que reproduce Morales Villanueva, cifrándose en 23.721 las de la Benemérita y en 9.295 los de la Policía del Reino .


Finalmente y para concluir con el punto dedicado a la creación de la Guardia Civil, no podemos pasar por alto a su ámbito asistencial particular, que da forma a otra de sus peculiaridades distintivas. En éste sentido se fundaron instituciones propias dentro del propio cuerpo, reservadas a los guardias y sus familias, destinadas a resolver los problemas de tipo social que se les planteaban a sus miembros. Así se crearon colegios para los hijos de los guardias, fondos de ayudas para las viudas e hijos de los fallecidos, sistemas de pensiones por retiro, etc. Algunas de dichas instituciones aún perduran en el presente.

29.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( sexta parte)

La combinación de estos dos procedimientos expansivos, facultó la llegada del poder central a todos los rincones del país a través del nuevo cuerpo creado, identificándose a éste con el propio Estado. Sobre tal cuestión dice Jaume Curbet en "El modelo policial español" que la Guardia Civil no se fundó sólo con fines policiales, sino que "formó parte, desde el primer momento, de un proyecto político que tenía por objetivo principal la construcción de un Estado unitario y centralista". Sigue el citado autor diciendo sobre ella, que "debe ser comprendida en su dimensión completa y como una pieza fundamental del proceso de construcción del modelo de Estado que aún hoy rige".
La expansión por círculos concéntricos y la expansión radial, no constituyeron el único desarrollo de la Guardia Civil, que también experimenta un proceso hegemónico respecto a las demás fuerzas policiales. Así, se produjo una paulatina extensión competencial, que absorbió múltiples funciones de otros cuerpos y los llevó a su desaparición o, en el mejor de los casos, a su reducción. De éste modo sufrieron una importante merma o fueron disueltas, bastantes de las Escuadras creadas en el pasado durante el siglo XVII y la primera mitad del XVIII, entre ellas la que dio origen a todas, los Mossos d'Esquadra catalanes, así como los Migueletes de Vizcaya y los de Guipúzcoa, además de los Miñones de Alava. Igualmente, vieron el fin de sus días los Escopeteros de Andalucía y los de Toledo, a los que habría que añadir otros cuerpos más. Algunas de éstas Escuadras reaparecieron con el tiempo, pero su nuevo marco de actuación policial se verá siempre restringido por un espacio ocupado firmemente ya por la Guardia Civil.


La absorción de competencias por la Benemérita y la con-secuente desaparición, o integración en ella, de los cuerpos que las ostentaban, se prolongará en la historia de la Guardia Civil. De ésta manera y aunque por razones más políticas que policiales, sucumbirá como órgano autónomo el Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras, que pasará a integrarse en la Benemérita en el año 1940 por la Ley de 15 de Marzo. Algo semejante, aunque no igual, le sucederá al Cuerpo de Vigilantes de Caminos que, tras integrarse en 1941 a la Policía Armada, entrará en 1959 a formar parte de la Guardia Civil y acabar constituyendo una sección de ella bajo el nombre de Agrupación de Tráfico.

28.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( quinta parte)

Toda ésta plural dependencia del cuerpo hacia tales autori-dades, no debe hacer pensar que el cuerpo fue manejado al antojo de ellas, pues, como señala Morales Villanueva (1988) en su libro "Administración Policial Española", "existía una regla de oro, que consiste en que la autoridad, de cualquier clase y categoría que sea, no puede inmiscuirse en la realización técnica de dicho servicio" (pág. 195), lo que, a juicio del mencionado autor, parece ser que se tuvo en cuenta. También pudo fraguar tal respeto el hecho de que, ante determinadas situaciones, el cuerpo tenía capacidad legal para liberarse del sometimiento al poder civil a cuyo servicio estaba. Ballbé y López Garrido nos aportan algunos ejemplos de ello: "el art. 26 del reglamento señala la obligación de los guardias de reprimir cualquier desorden sin que sea necesaria para obrar activamente la orden de la autoridad civil" (pág. 147), y "en un posterior relamento de 1852 se prescribió que si en consecuencia de cualquier acontecimiento o motín la Guardia Civil tuviese que tomar para hacerse respetar una actitud militar, los alcaldes no podrán mandarla retirar hasta después de restablecido el orden" (pág. 105). Es muy posible que ello, junto a la posición que ocupaba el cuerpo en la estructura del Estado, le permitiera extender esa capacidad a otros campos de la actuación policial, de manera que en la práctica pudo configurar sus intervenciones de un modo bastante independiente.


Sin embargo, la notable soberanía operativa que pudo al-canzar la Benemérita, nombre que se le concedió por título oficial el 4 de Octubre de 1929, no le eximió de las ingerencias derivadas por la orientación de la voluntad política. Hallándose el poder en manos de los conservadores, sufrió su instrumentalización como la tuvo que sufrir la Milicia Nacional por los liberales, aunque quizá no con tanta intensidad, y como la han tenido que padecer todos los cuerpos policiales nacidos antes y después de ella.

En relación a la expansión territorial de la Guardia Civil, se aprecia que tiene dos direcciones. Por un lado y adaptándose a la división territorial del Estado, avanza por un sistema que López Garrido llama de "círculos concéntricos" y que se inicia en el centro del Estado, encaminándose después al nivel de región militar a través del Tercio, entrando al provincial con la Compañía (más tarde Comandancia de Provincia), y llegando finalmente a la cabeza de partido judicial y al nivel municipal con el conocido Puesto, que conllevaba, también, la implantación de la no menos conocida Casa Cuartel. Tanto la Comandancia de Provincia, por su correspondencia con el ámbito de actuación del Gobernador Civil, como el Puesto, por su potente carácter localista, serán los elementos más esenciales de la división organizativa del cuerpo. Toda ésta estructura solo podía ser dirigida eficazmente por un órgano directivo unificado, por lo cual se creó, en el mismo año del nacimiento del cuerpo, la Dirección General de Organización de la Guardia Civil, cuyo nombre se alternó periódicamente por el de Inspección General y que al día de hoy se denomina Dirección General. Por otro lado, la segunda dirección expansiva es de tipo "radial" a través de los sistemas de comunicaciones, partiendo desde Madrid, tomando y vigilando los caminos, vías férreas y tendidos telegráficos del reino. A la sucesión de Puestos en una misma vía radial se le denominó "línea".

27.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( cuarta parte)

Por lo tanto, observamos que en el proceso de gestación de la Guardia Civil se dan dos etapas bien distintas. La primera se caracteriza por la idea de que el cuerpo que se pretendía crear fuera de tipo civil. El resultado de ello fue el decreto del 28 de Marzo y aunque, por presiones del sector militar, en él no se esboza una institución plenamente civil, sí daba a luz un cuerpo mucho menos militarizado de lo que resultó al final. La segunda etapa tiene un significado de índole contraria, en la que se rectifica la idea inicial y se opta por su total integración en la maquinaria militar, para lo cual se aprueba el definitivo decreto del 13 de Mayo, que es considerado por muchos autores como un auténtico contrade-creto del anterior, ya que el del 28 de Marzo nunca llegó a derogarse.


Al margen de lo anterior, cabe destacar que la creación de la Guardia Civil se inspira en el modelo de la Gendarmería francesa, cuerpo también de doble naturaleza, pero que aquí adquiere un mayor tinte militarista por la debilidad endémica de nuestra Administración civil.
Con respecto a los cometidos a desempeñar, no venían re-cogidos en el último decreto, el del 13 de Mayo, por lo que se hubo de acudir a lo expresado en el del 28 de Marzo. Más adelante, en el Reglamento de Servicio, se fijaban en el mantenimiento del orden público, la protección de las personas y sus bienes tanto dentro como fuera de la poblaciones y, finalmente, el auxilio que demande la aplicación de la Ley. Eran, en definitiva, plenas competencias de lo que hoy es una policía integral: orden público, seguridad ciudadana e investigación criminal.

La doble naturaleza obligó a forjar en Octubre dos reglamentos distintos, uno para cada una de ellas: el ya citado Reglamento de Servicio para la civil y el Reglamento Militar para la otra. El funcionamiento del cuerpo se hallaba asentado en estos dos reglamentos y se complementaba con la famosa Cartilla, aprobada el 20 de Diciembre de 1845, a la cual López Garrido califica de "totalizante" (pág. 106) por normativizar las 24 horas de la vida del guardia, y donde se ajustaban sus relaciones jerárquicas, la definición del puesto orgánico y otros aspectos personales.
 

A ésta doble dependencia de la Guardia Civil debía añadirse la originada por sus cometidos de policía judicial, expresada en las órdenes y mandamientos de los jueces y fiscales, algo inherente a todo cuerpo con funciones de investigación criminal. Asimismo y a partir de 1866, en virtud de los decretos de 27 de Abril y 6 de Agosto, modificados por la Ley de 7 de Julio de 1876, habría que sumar la dependencia del Ministerio de Fomento en todo lo relativo a la guardería rural y forestal.

26.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( tercera parte)

Narváez da un giro a la política de su predecesor en el cargo, González Bravo, volviendo a la idea regresiva de supeditar la Administración civil a la influencia militar y, por consiguiente, a la militarización de las instituciones y la vida pública en general. Otra vez, la pugna entre el poder militar y el civil se resuelve en favor de aquel.

Siguiendo con su pensamiento político, Narváez retoma el proyecto de construcción del nuevo cuerpo y maniobra para darle el enfoque militar que consideraba necesario. A tal fin y por decreto del 12 de Abril, encomienda al Ministerio de la Guerra su diseño y organización, que finalmente queda en manos de Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo Duque de Ahumada, un general aristócrata de firme ideología conservadora.


Ahumada presenta su trabajo a Narváez y se publica, el 13 de Mayo, el definitivo decreto que sirve para la creación de la Guardia Civil. En él se alumbra un cuerpo militar perteneciente al ejército, pero al servicio de la Administración civil. Así se establece que la carrera profesional, el reglamento disciplinario, los sueldos de sus componentes y otras cuestiones de índole interna dependerán del Ministerio de la Guerra, en la actualidad llamado de Defensa. A sus miembros les será de aplicación el código y las ordenanzas militares, lo que permitirá que los cuadros de mandos puedan reingresar en el ejército. Mientras, todo lo relativo al servicio operativo será responsabilidad del Ministerio de Gobernación, llamado hoy en día de Interior. En resumen, orgánicamente dependerá del Ministerio de la Guerra y funcionalmente del de Gobernación. Ello le dará una doble naturaleza, civil y militar, que se mantiene aún hasta nuestros días y que representa quizá su mayor singularidad.

25.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( segunda parte)


Paralelamente a ésta medida se dispone una reorganización de los servicios policiales, de manera que pasen a depender solo de autoridades civiles. A nivel provincial su máximo responsable será el Jefe Político y a nivel nacional el Ministro de Gobernación, sistema que, más o menos, se mantendrá en vigor hasta la reciente sustitución de la figura del Gobernador Civil por la del Subdelegado del Gobierno y añadir, entre éste y el Ministro de Interior, al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, quien en la práctica ha asumido el protagonismo que antes recaía en el Gobernador Civil y que ha supuesto una ampliación territorial en el escalón que ocupaba aquel en el diseño de la organización, al pasar de un nivel provincial a otro autonómico.
El interés de González Bravo en que el cuerpo a crear fuera civil, queda muy claro en la propuesta que hace a la reina Isabel II, donde uno de cuyos párrafos decía "Al propio tiempo sirve la fuerza civil para evitar la intervención frecuente del ejército en actos populares, intervención que puede menguar al cabo el prestigio de las tropas permanentes, que puede también ejercer una influencia perniciosa en el principio de subordinación, que imposibilita o entorpece la instrucción del soldado, y que robustece con exceso la importancia del brazo militar en el orden político y no favorece mucho el desarrollo completo del sistema constitucional".


Como nos dice Ballbé, con éstas y otras medidas adoptadas, el nuevo Gobierno buscaba potenciar el poder civil por encima del militar, para lo cual pretendía sentar las bases desde las que la Administración civil desplazara a los militares en el protagonismo político (pág. 143). En consonancia con ello, se decidió crear una nueva fuerza policial de espíritu civil, voluntad expresada con claridad en los reales decretos de 26 de Enero y 28 de marzo de 1844, que sirviera para alejar al ejército del aparato policial y le colocara, de un modo definitivo, en su tradicional papel en la defensa de la seguridad externa exclusivamente. Dicha fuerza, que se hallaría bajo la dependencia directa del Ministerio de Gobernación, fué bautizada inicialmente con el nombre de Cuerpo de Guardias Civiles, denominación expresamente concebida para diferenciarla del estamento militar y que, como bien señala López Garrido (1982) en "La Guardia Civil y los Orígenes del Estado Centralista" es "un concepto más vinculado semánticamente a la Administración civil" Sin embargo, éste propósito, del que Lazúen Alcón afirma que se puede calificar como el más serio intento, hasta esos momentos, de reemplazar al ejército como fuerza policial predominante, por un cuerpo de policía civil (pág. 38), se vio frustrado solo cuatro meses más tarde de haberse iniciado, con motivo de la ascensión en Abril a la Jefatura del Gobierno de un militar: el general Narvaez.


24.4.12

LA CREACION DE LA GUARDIA CIVIL ( primera parte)

En 1843 parece evidente que el modelo policial de la Milicia Nacional ha fracasado. En los 34 años que llevaba de vida hasta entonces, la Milicia no había sabido o no había podido resolver los problemas de seguridad interna del país, debido, en gran medida, a que la comunión política mantenida todo ese tiempo con la facción liberal le privó de un sentido de servicio público, imprescindible para asegurar su supervivencia. Tal cosa supuso un serio obstáculo para su implantación como una fuerza de seguridad imparcial, aceptada por las preponderantes corrientes de las ideologías políticas del momento. Esto, unido al hecho de que no era un cuerpo de carácter profesional y, sobre todo, a su incapacidad para solventar el problema del bandolerismo, cuestión que la Milicia nunca afrontó seriamente, hacía preciso buscar otras opciones policiales.


Por su parte, las limitaciones con las que se va encontrando la Superintendencia General de Policía, explicadas ya en el punto anterior, muy en especial la señalada carencia de un auténtico contingente de fuerza propia con jurisdicción nacional, impiden que el ritmo de su desarrollo sea el que verdaderamente se necesita para dar una solución acertada al problema.
A todo lo anterior debe sumarse la inestabilidad del clima socio-político reinante, que en nada favorece la cimentación de cualquier reforma administrativa porque, entre otras cosas, los bruscos cambios de poder no dan tiempo suficiente para ver el resultado final de las iniciativas planteadas. Era, pues, necesaria una etapa de normalización política para que cualquier propuesta pudiera cuajar.
En éste contexto policial llega al poder, el 5 de Diciembre de 1843, el primero de una sucesiva serie de Gobiernos de corte moderado, que juntos abarcarán 20 años, presidido por Luis González Bravo y que dos meses más tarde disuelve la Milicia Nacional y acuerda una reforma policial con la creación de un nuevo cuerpo nacional, centralizado, profesional y de carácter civil.

23.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (última parte)


Otra circunstancia de gran importancia que contribuyó ne-gativamente a su progreso, fue la imposibilidad de que salieran adelante, entre 1826 y 1831, las propuestas de Javier de Burgos y Pedro Sainz de Andino para la creación de un Ministerio de Interior, embrión de una sólida Administración civil y sobre el cual se quería pivotar toda la actividad de la policía. Cuando el 5 de Noviembre de 1832 por fin nació tal departamento, denominado Ministerio de Fomento, lo hizo solo con competencias administrativas que apenas tenían relación con la policía y la seguridad. Los posteriores esfuerzos de su titular para que los Subdelegados de Fomento, equivalentes en la época a los futuros Gobernadores Civiles, fuesen los únicos responsables provinciales de las fuerzas de la policía, fracasaron al toparse con el poder de los militares que se oponían al abandono de sus facultades policiales. Así, el 13 de Abril de 1834 Javier de Burgos, Ministro de Fomento, presentaba su dimisión sin conseguir impulsar y hacer fuerte a su recién creado departamento ministerial. Aunque ese mismo año se cambió dos veces su denominación, primero por el de Ministerio de Interior y después por el de Gobernación, la situación no sufrió ningún cambio significativo y en el futuro continuó supeditado al poder militar, como toda la Administración civil en general. No obstante y pese a su debilidad, el ministerio ya no desaparecerá nunca del Gobierno de la nación.


Concluyendo, la creación de la Superintendencia General de Policía del Reino, aportó al desarrollo policial un importante cambio y una no menos importante organización. El cambio fue que con ella dio comienzo la sustitución del ejército como fuerza de policía, dando inició al declive de su influencia en el aparato policial. La organización permitió crear una estructura nacional, que sirvió de inspiración para todo lo que vendría a partir de 1877, cuando se adoptará el modelo final de policía urbana. Una prueba destacable de la magnitud de su contribución al desarrollo de la policía, fue el enorme volumen de información de todo tipo que generó para todas las autoridades, que hasta entonces pasaba inadvertida, y con la cual se proporcionó a la clase política, al fin, una idea mucho más próxima de la realidad del país.

22.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (sexta parte)

Por consiguiente, Fernando VII estableció que la nueva institución policial dependiera del Ministerio de Gracia y Justicia y, al mismo tiempo, decidió intensificar su vertiente de policía política. Para todo ello aprobó la Real Cédula del 19 de Agosto de 1827, en donde cabe destacar lo que el art. 20.1 dice de su primera misión, que será "la vigilancia dentro y fuera del reino en las conspiraciones contra el orden legítimo y la seguridad del Estado". Ahí se revela, con bastante claridad, la intencionalidad del monarca de orientar a la policía civil hacia una posición de policía política, que actúe como otro elemento más de salvaguarda de su poder. Algo lógico si se tiene en cuenta que, casi seguramente, la principal motivación del rey para crear la Superintendencia no fue sino su preocupación por las conspiraciones de los liberales contra su régimen. Preocupación que poco más tarde extendió hacia el otro extremo, el representado por los ultrarrealistas, y que tuvo su sentido extenderlo porque muchos de estos formaron parte, años después, del bando carlista en las guerras civiles del mismo nombre.
Por lo tanto, a partir de 1827 la Superintendencia General de Policía, aunque continuará siendo un organismo civil, pasará a estar bajo la influencia castrense. Lo prueba el hecho de que muchos de los superintendentes que siguieron a Arjona fueron militares; los generales Latorre, Martínez de San Martín, Herrero Prieto, Latre, etc. Igualmente, se dispuso que los subdelegados de policía en los distritos fuesen los capitanes generales de las regiones militares, medida que acentuó la tendencia militarista.

21.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (quinta parte)


Sea como fuere, lo cierto es que la Superintendencia no progresó como hubiera sido deseable y no tuvo un significativo contingente de fuerzas policiales propias, por lo que se vio siempre obligada a depender del auxilio de las tropas del ejército y de quienes tuvieran alguna clase de fuerza armada. Así se indicaba en la Real Cédula fundacional, donde se especificaba que primeramente usará de sus alguaciles y dependientes; y en caso necesario "podrá invocar el auxilio de los comandantes militares, de los Ayuntamientos, jueces y tribunales, de los jefes de mi Real Hacienda, y de cuantos tengan fuerza armada de que disponer". Como cuerpo propio de la Superintendencia se creó en 1825 el Cuerpo de Celadores Reales, compuesto por dos compañías procedentes del ejército, cuyo ámbito territorial de actuación nunca pasó del municipio de Madrid. Más tarde, en 1833, hubo un proyecto, que apenas vio la luz, de poner a las órdenes de aquella otro cuerpo al que se bautizó con el nombre de Cuerpo de Salvaguardias Nacionales, que recibiría la misión de velar por la seguridad de los caminos nacionales y desplegarse por todas las provincias, pero, como se ha dicho, no se llegó a materializar y los salvaguardias sólo actuaron dentro de Madrid y en sus caminos principales de llegada a una distancia de unos ocho kilómetros, hasta que en 1839 el cuerpo quedó disuelto.
A pesar de ésta importante limitación, se diseñó una completa organización en la que se integraron 32 intendencias de tres clases distintas, en función de la población y extensión de las provincias y regiones, cuyos titulares eran llamados Intendentes Provinciales, de los que dependían los Comisarios, Celadores y Subdelegados Locales. También se contemplaba la especialidad de la policía de información y la de "Alta Policía", destinada al contraespionaje.
Tres años después de crearse la Superintendencia y cuando aún no estaban resueltas las dificultades políticas para el crecimiento de la Policía del Reino, se produce en Cataluña un hecho que será determinante en el bloqueo de su desarrollo inicial. Unos disturbios provocados por el sector ultrarrealista, conocidos bajo el nombre de la Rebelión de los Agraviados de 1827, decantarán el pensamiento que Fernando VII tenía de la Superintendencia hacia el lado de los postulados mantenidos por los militares, que no eran más que los de su congelación. Ello fue así, ya que gracias al apoyo que el rey pudo obtener del grueso del ejército se consiguió sofocar la citada rebelión del absolutismo extremista, que amenazaba al propio rey, con lo que a los ojos del monarca se puso de manifiesto la importancia de la organización militar y su control como gran herramienta del poder.

20.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (cuarta parte)

Sin embargo, algo sucede en contra de esa primitiva intención, porque la Superintendencia y, por consiguiente, la Policía del Reino, no adquieren ese protagonismo que en un principio parecía iban a tener y el proyecto acaba atascándose. La contestación a éste interrogante parece que, al menos en parte, nos la proporciona Ballbé cuando habla de la Superintendencia General de Policía y del fuerte rechazo que tuvo por los sectores del ejército y la Iglesia. Así, éste autor viene a proclamar que coincidentes los intereses de ambos poderes, colapsaron el intento de potenciarla. Ballbé indica que según el historiador Suárez, de quien aporta una recopilación de informes realizados por obispos y capitanes generales en 1825 a petición de Fernando VII, su rechazo hacia la institución policial no obedece al temor de perder los dos sus esferas de poder. No obstante, resulta difícil de creer que la oposición del ejército no fuera porque temía perder una parcela importante de su control sobre la sociedad civil, y la de la Iglesia porque anhelaba restablecer el pasado vigor de la Inquisición, recientemente suprimida en 1820 pero de la cual aún se mantendrían algunos restos funcionales hasta 1834, año en que ya fue abolida definitivamente.

Turrado Vidal nos añade, aparte del ejército y la Iglesia, a los jueces como el tercer sector contrario a la implantación de la Superintendencia, como órgano director de la Policía del Reino . La razón no podía ser otra que con ella no sólo perdían protagonismo en la represión directa de los delitos, dada la merma en la cota de poder político que ello arrastraba, sino también una importante fuente de ingresos a través de las multas que imponían a los infractores.

19.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (tercera parte)

Además de éstas tareas, también se le encomendaron bastantes cuestiones de control administrativo, que encajan perfectamente en la actividad de policía administrativa. Muestras de ello quedan reflejadas en las competencias que se le asignaron para el control de los puestos de venta ambulante, expedir y visar pasaportes, control de extranjeros, expedir permisos para ejercer profesiones ambulantes, extender licencias para usar armas no prohibidas, control de licencias de caza, mantener un registro de calesas y coches, velar sobre el cumplimiento de los reglamentos de sanidad, cuidar de que los pesos y medidas estén conformes a los patrones municipales, denunciar la venta de alimentos en mal estado, mantenimiento del padrón vecinal, cobrar multas, etc.


Por consiguiente, es factible resumir que el abanico de funciones otorgado se hizo en tres direcciones: una de policía política, otra de policía de seguridad y la tercera de policía administrativa. Esta amplitud competencial que se le dio y que, analizada desde una perspectiva actual, supone la inclusión en la Policía del Reino de muchas competencias de los cuerpos de policías de seguridad y administrativa existentes hoy en día, llegando de ésta forma a un elevado grado de policía integral absoluta nunca alcanzado, en el proceso evolutivo del moderno modelo policial español, por un cuerpo o una entidad de nueva creación. Ello, por un lado, revela la carencia de la organización policial en el Estado y, por otro, induce a pensar que la inicial voluntad política de Fernando VII era, firme y decididamente, la de dotar a la recién nacida institución de un profundo protagonismo policial que, a todas luces, se quería extender a otras áreas con el transcurrir de los años.

18.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (segunda parte)

La Superintendencia de 1824 nace con la vuelta del rey al poder después del Trienio Liberal, y ante la necesidad de disponer de un sólido y capaz cuerpo policial centralizado para todo el Estado: la Policía del Reino (aunque según indica Turrado Vidal, en la revista Policía nº 143, pág.29, en el País Vasco y Navarra se iba a dar la particularidad de que su dependencia no será directamente del Estado, si no de las diputaciones de los territorios históricos). Con ella se pretendían resolver de una vez los problemas de seguridad interna en la nación, especialmente los derivados del retorno a un bandolerismo favorecido por la inestabilidad política de la época, relevando al ejército como nervio de la vigilancia y control de esa tarea.

A la finalidad de su creación no fue en nada ajena la intención política de perpetuar el poder del monarca, ya que, entre sus cometidos, al nuevo organismo se le encargaba el de "velar sobre la conducta de las personas que se hayan hecho sospechosas por sus opiniones y principios en contra de la religión y el trono". En el mismo sentido se expresaba la Real Cédula, en lo que vendría a ser su exposición de motivos, al afirmar el rey en ella que "debe hacerme conocer la opinión y las necesidades de mis pueblos, e indicarme los medios de reprimir el espíritu de sedición y extirpar los elementos de discordia, y de desobstruir todos los manantiales de prosperidad". Igualmente, en los párrafos 7, 8 y 9 de su art. 14 se establecen funciones para impedir en el país la entrada, circulación y lectura de libros, periódicos, folletos y obras en general, sin orden expresa del rey o licencia de su Consejo.

Entre las competencias asignadas a la Policía del Reino, distintas a las de índole política, se encontraban otras cuya vertiente se expandía hacia la seguridad, como las de "perseguir a los ladrones de los pueblos y de los caminos, y acordar recompensas en los casos extraordinarios para conseguir su captura", así como las de aplicar las leyes y los decretos vigentes, hacer cumplir los reglamentos, proponer medidas para el mantenimiento del orden público y auxiliar a las autoridades judiciales.

17.4.12

LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE POLICIA (primera parte)

Un año clave en el desarrollo del sistema policial español fue 1824. Ya en el año anterior, Fernando VII, al poco tiempo de tomar nuevamente el poder y reponer el sistema absolutista, dictó un Decreto el 26 de Noviembre de 1823 por el que se nombraba un Superintendente General de Vigilancia Pública. El cargo recayó en José Manuel de Arjona, hombre con experiencia en la materia y a quien el rey ya había encargado, en 1816, elaborar un reglamento de policía. Meses más tarde, el 13 de Enero de 1824, promulgó una Real Cédula por la cual se creaba la Superintendencia General de la Policía del Reino. Una institución que el actual Cuerpo Nacional de Policía toma para marcar la fecha de su nacimiento. La Real Cédula se complementaba con el consiguiente reglamento que venía a desarrollarla, aprobado el 20 de Febrero del mismo año.

Mucho antes, en 1782, hubo ya un malogrado intento de crear una Superintendencia, lo que viene a ser su antecedente más inmediato. En efecto, Carlos III dictó el 30 de Marzo de ese año una Real Cédula, ordenando la creación de una institución para que se centralizase en ella todo lo relacionado con la actividad policial. El proyecto se vio muy limitado territorialmente, al estar reducido tan solo a Madrid, por lo que diez años más tarde de su fundación la institución fue suprimida.

16.4.12

LA MILICIA NACIONAL (segunda parte)

LA MILICIA NACIONAL (segunda parte)

La Milicia Nacional fue una policía militarizada, cuya instrucción a sus componentes era impartida por oficiales del ejército. En su régimen interno, las conductas de sus integrantes se hallaban sujetas a las ordenanzas y los códigos militares. Igualmente, las relaciones de los civiles con ella también se hallaban sometidas al fuero castrense. En contraste a su naturaleza militar, llama la atención que la Milicia no era un cuerpo profesional y los mandos que la integraban era elegidos mediante votación por los propios milicianos.

En sus comienzos la Milicia tuvo una acentuada personalidad local y dependía de cada Ayuntamiento. Sin embargo, con el tiempo el Gobierno de la nación fué unificando las distintas fuerzas que la componían, haciendo que el Jefe Político de la provincia ejerciera un papel de supervisión de sus actividades. Con ello se consiguió centralizar bastante la Milicia Nacional, dándole un aire parecido al de un cuerpo de policía estatal.


La característica más sobresaliente de la Milicia Nacional resultó ser su directa utilización política, que marcará de un modo constante y permanente toda su existencia. En opinión de Caamaño Bournacell en su "Historia de la policía española", existía una clara identificación de sus componentes con el liberalismo más acentuado, el cual logró sobrevivir en momentos difíciles gracias al apoyo proporcionado por los milicianos. Desde el primer momento en el que se concibió el proyecto de su creación estuvo condicionada por esa importante influencia, conclusión que parece obvia al pretender su propio fundador, José I, emplearlas para apoyar el proceso revolucionario. Concuerda con ello el espíritu popular que siempre la envolvió, pese a su militarización, especialmente expresado en el sistema por votación para el nombramiento de sus mandos. Tal implicación política identificó a la Milicia dentro del mundo liberal, siendo usada por los liberales españoles en sus luchas contra los conservadores. Así llegó a cambiar su nombre en Noviembre de 1868 por el de los de Voluntarios de la Libertad y, después por el de Guardias de la Libertad. Todo ello se tradujo en la implantación o supresión del cuerpo en función de quién tuviera el poder, y fruto de estos vaivenes políticos, la Milicia fué disuelta y desarmada varias veces a lo largo de su vida, como por ejemplo en 1820, 1844 y 1856, antes de su desaparición definitiva.

La vida de éste cuerpo quizá sirva para ilustrar cómo una excesiva voluntad política puede llegar a estrangular un diseño policial, hasta el extremo de ser, probablemente, la principal causa de su desaparición. Esta lección de la Historia debiera ser tenida en cuenta por muchos de nuestros actuales gobernantes y por la clase política en general.

La Milicia Nacional dejó de existir oficialmente en 1874 por decisión del entonces Presidente del Gobierno, el conservador Cánovas del Castillo. No obstante, ya desde 1843 empezó una imparable decadencia, que se iba haciendo más profunda a medida que la Guardia Civil se consolidaba como una alternativa policial segura y eficaz.